Misión de ONU recalca que impunidad, represión y tortura siguen muy vivas en Venezuela


Los constantes ataques y la represión generalizada por parte del Gobierno de Venezuela contra las personas percibidas como opositoras continúa acechando a la población, según la última actualización sobre la situación en el país que presentó la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.

La mañana de este miércoles 22 de marzo, durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión describió cómo «las autoridades continúan deteniendo a los actores de la sociedad civil por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación».

«La Misión de determinación de los hechos también alertó sobre nuevas propuestas legislativas que, de ser adoptadas, limitarían significativamente la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo su trabajo», según relatan los servicios de información de Naciones Unidas desde Ginebra y varias ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

La Misión instó a las autoridades a que cesen los ataques, se investigue a las personas responsables y se les procese en consecuencia.

«La primera línea de investigación del último informe presentado ahondó sobre la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas percibidas como opositoras al Gobierno. La segunda línea de investigación se enfocó en violaciones a los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado de Bolívar», acotó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación.

«En un contexto de impunidad generalizada respecto a los graves crímenes reportados en nuestros informes anteriores, las personas que critican o se oponen a las políticas del Gobierno se sienten amenazadas, desprotegidas, y temen ser detenidas y sometidas a torturas por el Gobierno, lo cual obstaculiza la libertad de expresión y derecho a la protesta en el país”, ha declarado Valiñas durante su exposición.

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos continúan siendo un motivo de seria preocupación. Según las organizaciones de derechos humanos, al menos 282 personas – tanto civiles como militares – continúan en esta situación. Estas personas y sus familias continúan siendo objeto de amenazas y represalias, se niegan frecuentemente visitas de familiares y abogados, y se limita el acceso a alimentos y tratamiento médico. Persisten también las violaciones del derecho al debido proceso.

Valiñas aseveró que con esas investigaciones se confirmó que Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos y el Consejo decidió en el pasado mes de octubre renovar el mandato de la Misión por un periodo adicional de dos años. Alertó, además sobre nuevas propuestas legislativas que, de ser adoptadas, limitarían significativamente la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo su trabajo.