Durante la visita a Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, y desde días anteriores a la llegada programada de este sucesor de la chilena Michelle Bachelet, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha arreciado sus ataques contra los activistas y ONG que enfrentan la feroz crisis humanitaria, política y social del país.
Una de las principales arremetidas es el proyecto de Ley que discute la Asamblea Nacional (Congreso) para «estatizar», regular e intervenir las ONG, a las que acusa de actividades políticas.
Pero además en los últimos días han sido presos dirigentes sindicales en la región industrial de Guayana y han sido hostigados profesores, maestros y otros empleados públicos que han salido a las calles a reclamar sus derechos y a pedir mejoras en sus salarios y condiciones de vida.
En medio de esta arremetida, al menos 90 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)) y de la Sociedad Civil denuncian ante el Alto Comisionado una serie de hechos y amenazas contra estos activistas, en un país que sufre una crisis humanitaria compleja y donde la ayuda internacional y privada es canalizada a través de estas entidades para atender a los más desfavorecidos.
En una reunión este jueves con Türk las principales ONG que trabajan en diversos frentes de ayuda y activismo social en Venezuela leyeron y entregaron al funcionario de la ONU una carta donde recopilan denuncias y describen el cuadro de falta de libertades, autoritarismo y represión que sufre Venezuela.
Este viernes, en una rueda de prensa en Chacao, este de Caracas, tres representantes de estas ONG dieron detalles a periodistas sobre estas denuncias y sobre la nueva amenaza con la ley impulsada por el poderoso chavista radical Diosdado cabello para intervenir las ONG.
Maduro y cía ¿en el banquillo?
Los activistas Andrea Santacruz (Civilis DDHH) Lexys Rendón (Laboratorio de Paz) y Alí Daniels (Acceso a la Justicia) expusieron las denuncias de las ONG, algunas recogidas en la carta entregada a Türk.
El gobierno de Venezuela está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), y por las dependencias de Derechos Humanos de la ONU, como la oficina del Alto Comisionado.
Hay consultas a las víctimas de primero, segundo y tercer grado donde se demuestra la falta de voluntad del Estado venezolano para hacer justiciay para establecer mecanismos de perdón, reparación y no repetición, señaló Rendón ante periodistas.
«Se sabe que los crímenes de lesa humanidad tienen un motivación y es la persecución política», agregó.
«Informes de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado; la Misión de Determinación de los Hechos y el informe del secretario general Naciones Unidas y del sistema regional de protección de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) han corroborado, reiterado y alertado que el Estado venezolano ejecuta un sistemático patrón de criminalización y estigmatización contra toda persona u organización que considere contraria a su pensamiento», recalcó Rendón.
«Todo aquél que disienta es tratado desde la mirada del enemigo interno, el traidor a la patria, lo que es absolutamentecontrario a las libertades democráticas y a las garantías de derechos de los venezolanos».
Lexys Rendón
Destacó que este 2023 se inició con movilizaciones masiva en toda Venezuela pidiendo reivindicaciones económicas y sociales. «Eso demuestra el poder de resiliencia de la sociedad civil, la organización, fortaleza y credibilidad en la libertad asociativa», agregó.
«La demanda de derechos es una acciónpolítica, es una organización social, es una acción delibertad que quiere ser controlada, perseguida, amedrentada pero sobre todo destruida» (por parte del gobierno), dijo la activista al recordar que los años 2024 y 2025 son electorales, donde toda la sociedad civil va a ejercer la acción política organizada en demanda de reivindicaciones.
«Es un gobierno que sabe que tiene posibilidad de no ganar las elecciones y de ser minoría. Está en busca de la permanencia en el poder, requiere controlar a través del miedo, persecución criminalización y rotura de lazos de solidaridad yorganización y asociativos. Pero la acción política que es derecho de todos losvenezolanos», dijo la representante del movimiento de las ONG.
El propósito, en definitiva es «silenciar al país».
Destacó que la crisis económica, la inflación, un salario pauperizado y épocas electorales aumentan la movilización social y con ello la represión por razones políticas.
Ahora, la ley en marcha en la Asamblea Nacional «busca inhibir cualquier organización social para exigir derechos, y no tener que dar respuestas y que la gente tenga miedo de organizarse».
«Lo hemos visto con acciones (represivas) contra lideres gremiales, medios de comunicación líderespolíticos y contra toda persona queejerzasu voz».
Por eso ahora los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez fueron muy claros al iniciar la discusión de la ley en la Asamblea: el fin es controlar toda actividadpolítica, la acción política.
«Van contra todas las organizaciones dederechos humanos y humanitariasque ayudan y acompañan a las víctimas, a sectores másvulnerables y que ha construido una legitimidad denunciando violaciones a los derechos humanos».
«Esta leypuede constituir uno de los mayores retrocesos en de las libertades democráticasy sobre todo de la independencia de actuación de las sociedad civil venezolana. Toda acción social quedará sujeta a la aplicación de esta normativa que es punitivay persecutoria y que es discrecional del Estado y su visión de que toda disidencia es enemiga», recalcó.
Una carta para Türk
La activista Andrea Santacruz leyó fragmentos de la carta entregada a Türk y firmada por 90 ONG, a las que se han ido sumando otras del interior del país para alcanzar 120.
Destacó que la presencia del funcionario y la atención internacional sobre el caso venezolano son un logro de la sociedad venezolana en su conjunto.
El trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos (ACNUDH) exige alzar la voz, de manera pública y al más alto nivel, cada vez que se requiera, y reforzar el trabajo conjunto para prevenir y detener de forma definitiva las graves violaciones que continúan sucediendo en Venezuela de forma sistemática», dice la carta.
«Estas solicitudes las hemos hecho en un contexto de grave peligro de cierre del espacio cívico y manifestamos que este peligro inminente ocurre como consecuencia de una política estatal de intimidación y de represalias sistemáticas en contra de las organizaciones de la sociedad civil para dejar a la población completamente indefensa ante la grave crisis de derechos humanos, en una emergencia humanitaria compleja de gran escala y profundidad y múltiples privaciones de derechos».
«En esta política se se estigmatiza, criminaliza reprime y persigue a las organizaciones y sus miembros, desconociendo y violando las libertadesy estándares de derechos a la libertad de asociación, reunión pacifica, participación en asuntos públicos y defensa de Derechos Humanos».
«Esta política descansa en diferentes sentencias leyes y normas que se han elaborado a lo largo de 20 años o más a fin de anular capacidades de organizaciones dela sociedad civil y convertir enmotivo de vigilancia, hostigamiento einvestigaciones judiciales las labores para apoyar o prestar servicio a las poblaciones más vulnerables, defender a las victimas de abusoso de privación de derecho y acudira organizacionesinternacionales».
La nueva ley es el instrumento más grande de violación a los estándares internacionales de libertad de asociación.
Proyecto inconstitucional contra las ONG
Por su parte Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, destacó que ese proyecto de leyes anticonstitucional, ha sido redactado de manera improvisada con gravísimos errores formales, gramaticales y de redacción. El nombre se lo cambiaron tres veces el mismo día que lo presentaron.
Esos errores «ponen de manifiesto que la intención no es generar un marco regulatorio coherente sino reprimir».
«Solo busca el control es una ley totalitaria, busca controlar a las organizaciones, estatiza las organizaciones» (ONG), y para cada cosa que hagan van a tener que pedirle permiso al gobierno, recalcó Daniels.
Pero “los Derechos Humanos no son ni capitalistas ni socialistas. Son Derechos Humanos, no tienen ninguna carga ideológica, independientemente de lo queun Estado sea”.
La ley y sus multas buscan la anulación y cierre de las ONG, dijo.
«Esta diseñado conel fin de queno podamos cumplir. Son tales y tan difíciles de obtener que esimposible, está diseñado así para ilegalizar cuando no cumples con un papel y cuando imponen una sanción es tal que te anula….Son multas confiscatorias, ninguna puede pagarse, ni la más baja, de 3.000 dólares, ni la máxima de 12.000», recalcó Daniels.
Desde el primero hasta el último artículo todos son violatorio de los derechos humanos, insistió.
Rendón destacó que el mensaje es que hay una acción de persecución, criminalización y de hostigamiento contra toda persona que disienta de la política del Estado, contra toda persona que salga reivindicando su derecho.
«Esto que está sucediendo esta semana es muy grave y el Alto Comisionado lo sabe y el sistema de protección lo sabey los embajadores y diplomáticos lo saben. Pedimos que la sociedad civil se organice frente aesta ley contra la organización civil con más organización, más solidaridad. Tenemos oportunidad de actuar cada uno dentro de los espacios para frenar una ley que muy probablementepueda significar la eliminación de una sociedad civil independiente», recalcó Rendón.
Demandas de ONG para la oficina de Türk
En su carta abierta las organizaciones de derechos humanos venezolanas al señor Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a propósito de su visita al país los activistas exponen una serie de demandas.
Exigen que sea divulgado y de acceso público el texto del memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas y la oficina del Alto Comisionado para poder «realizar un efectivo seguimiento de los acuerdos y una labor de contraloría social por parte de la sociedad civil y especialmente de las víctimas de violaciones a derechos humanos».
«Nos parece inadmisible que el ACNUDH, en contravía del principio de transparencia que debe orientar su labor, pueda avalar que se mantenga en secreto información que, por su repercusión en políticas públicas, debería estar al alcance de los venezolanos».
También exige que se eleve el nivel de importancia a la protección de los Derechos Humanos como la que se le da al acuerdo de asistencia técnica con las autoridades.
«Demandamos que en los informes sobre Venezuela la información oficial no sea citada literalmente como cierta, sino que
sea debidamente contrastada con otras fuentes. Además, no deben reconocerse como hechos cumplidos anuncios realizados por las autoridades, que ante su incumplimiento debilitan a los propios informes».
También piden no darle credibilidad automática a meros anuncios que después el gobierno no concreta.
«Los diferentes informes realizados por el ACNUDH sobre Venezuela han arrojado una serie de recomendaciones a las autoridades para revertir las diferentes violaciones diagnosticadas. En su conjunto estas recomendaciones debieran ser parte integral de un plan nacional de derechos humanos de obligatorio cumplimiento por el Estado venezolano».
En marzo del año 2018 el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó que el contexto país “no satisfacía de ninguna manera las condiciones mínimas para unas elecciones libres y aceptables”.
«Ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, el presidencial en 2024 y el parlamentario en 2025, el ACNUDH no debe eludir pronunciarse sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones, haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar los derechos humanos en procesos electorales y el derecho de los venezolanos a vivir en democracia, teniendo presentes las observaciones y recomendaciones formuladas por el panel de expertos de la ONU y otras instancias de observación Internacionales al respecto», dice la carta.